Estado de bienestar no puede ser el bienestar del Estado

Llevar las cuentas del Estado debería tener las mismas exigencias que las de una familia. La economía doméstica, en un porcentaje bastante elevado de los casos, se sustenta en una regla muy sencilla: no se debe gastar más de lo que se ingresa. Esto es un axioma, pero es que este axioma incluye algo que está en la cabeza de cualquier ama, amo, ame, ami o amu –si es asturiano– de casa: la capacidad de devolver la deuda en cualquiera de los escenarios que se produzcan. No olvidemos que una parte importantísima de los empleados son pequeños autónomos y empresarios con ingresos anuales de cuantías variables. Y, en su caso, el pago de la deuda está preparado para años de vacas gordas y flacas.

Pues bieeen, como dijo Zapatero en su mitin “infinito es infinito y la Tierra es único lugar del Universo donde se puede leer y amar”, lo que resulta delirante es que el Estado tenga un interés por contener el déficit testimonial en años extraordinarios como el actual en el que los ingresos fiscales están siendo históricos –y estamos hablando de una cifra de un cuarto de billón de euros– y se están canalizando los fondos europeos Next Generation.

Cuando se habla de las reformas constitucionales que quedan pendientes, en mi opinión, la más importante debería ser la exigencia a quien gobierne, del signo político que sea, que contenga y reduzca la deuda. La primera obligación del Gobierno debería ser proteger los derechos de sus futuros ciudadanos y no endeudarlos bajo falsos eslóganes sociales para los actuales. El estado de bienestar no puede convertirse en el bienestar del Estado.

Que seamos los ciudadanos los pagadores sin sentido de la intervención en la economía para dilapidar una falsa redistribución de la riqueza. Los tres servicios esenciales que los ciudadanos debemos recibir por parte de nuestro amo de casa son sanidad, educación y defensa, y la realidad es que quien puede pagarse un seguro médico privado, llevar a sus hijos a un centro concertado o poner un vigilante en su comunidad de vecinos, lo hace.

Estoy convencido de que el Gobierno recaude impuestos para mantener el estado de bienestar, pero en lo que no lo estoy es que los invente con la intención de incautar como es el caso del Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas –ITSGF–. Un impuesto progresivo que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a 3.000.000 de euros –1,7% para el tramo de patrimonio entre 3.000.000 euros y 5.347.998,03 euros; del 2,1% para el tramo entre 5.347.998,03 euros y 10.695.996,06 euros; y del 3,5% para el tramo superior–.

La barbarie confiscatoria es de tal dimensión que un patrimonio estancado de 10 millones dejaría de pagar este impuesto en 30 años porque se lo comería poco a poco el abuso recaudatorio. ¿Estamos fomentado con esta medida que los ricos se queden en España a pagar los impuestos que deben o emigren con su dinero?