El BCE carga contra el impuestazo de la banca por perjudicar la solvencia y competencia de las entidades
El BCE se ha pronunciado negativamente sobre la permanencia del impuesto extraordinario a los bancos españoles. El guardián del euro recomienda analizar los efectos contables del impuesto a fin de evitar consecuencias no deseadas para la solvencia y la posición competitiva de las entidades de crédito. Según el organismo, el diseño del tributo afectará “negativamente” a la capacidad de las entidades “para mantener una posición de capital sólida o para restablecer los colchones”, puede “dar lugar a la fragmentación del sistema financiero europeo y menoscabar la igualdad de condiciones en la Unión Bancaria”.
El organismo liderado por Christine Lagarde realiza su diagnóstico a invitación directa del Banco de España, que solicitó su dictamen el pasado 28 de noviembre en nombre de las Cortes Generales, según desvela en el citado informe. Cuestiona su diseño y aconseja al Ejecutivo “analizar los efectos contables del impuesto a fin de evitar consecuencias no deseadas para la solvencia y la posición competitiva de las entidades de crédito“.
El BCE recomienda “un análisis exhaustivo en el que se detalle el impacto específico del impuesto sobre la rentabilidad y la base de capital a más largo plazo de las entidades de crédito, el acceso a la financiación, el posible impacto sobre la liquidez, la concesión de nuevos préstamos y las condiciones de competencia en el mercado”, según el dictamen publicado por el BCE.
Este consejo es el mismo que ya realizó en 2022, cuando las tasas se impusieron de forma transitoria. Además, el organismo critica el diseño del gravamen. “A pesar de la deducción extraordinaria sobre la cuota liquidable del impuesto (basado en la rentabilidad neta), la base sobre la que se establecería el impuesto no tiene en cuenta todo el ciclo económico y no incluye, entre otros, los gastos operativos ni el coste del riesgo de crédito”, indica.
El tributo, que el Gobierno proyecta convertir en permanente dentro de su reforma fiscal, mantiene el gravamen del 4,8% sobre el margen de intereses y los ingresos por comisiones fijado en el tributo que fijó en su origen como extraordinario. Será de aplicación a todas las entidades, con una escala impositiva que va desde el 1 para ingresos hasta 750 millones de euros, hasta un 7% si exceden los 5.000 millones. Con intención de evitar perjuicios a las entidades fija deducciones si la rentabilidad resulta inferior a 0,7%, permitiendo descontar de la cuota el 25% de lo abonado en el Impuesto de Sociedades.
Dura crítica al diseño del tributo
El BCE cuestiona de plano en diseño, convencido de que perjudicaría la capacidad de la banca de reforzar su solvencia. “En períodos de alta rentabilidad, la deducción no funcionaría y, por tanto, el impuesto limitaría la capacidad de acumular colchones frente a futuras perturbaciones negativas”
El BCE también critica, en la misma línea que lo hizo el Banco de España. “El importe del impuesto puede no ser plenamente proporcional a la rentabilidad de una entidad de crédito y a su capacidad de generación de capital”, argumenta.
Y añade: “las entidades de crédito con posiciones de solvencia más bajas o con dificultades en las proyecciones de capital podrían reducir su capacidad de absorber los posibles riesgos a la baja derivados de una desaceleración económica”. Este último riesgo se ve agravado por el carácter progresivo del tipo impositivo aplicable a medida que aumenta la base liquidable. El último giro del impuesto para que fuera apoyado por otras fuerzas políticas en el Parlamento fue imponer varios tipos de gravamen según el tamaño de la base imponible.
Crítico desde 2022
El organismo fue ya muy crítico con el impuesto original que aprobó el Gobierno bajo el argumento de que gravaría los resultados extraordinarios cosechados por la banca por la subida de tipos en 2022 y 2023. En aquel dictamen advirtió de que la tasa podría suponer un “riesgo para la estabilidad financiera”, al hacer que los bancos españoles sean “menos capaces de absorber los posibles efectos negativos de una contracción económica”, por lo que solicitó al Ejecutivo y al Congreso que estudiasen más a fondo sus efectos. El BCE ha sido, en general, contrario a tributos similares, especialmente si la recaudación no va dirigida a proyectos finalistas, sino a un “saneamiento presupuestario general”. Y en otras ocasiones, como recuerda ahora en su dictamen, ha alertado de que podría “reducir la capacidad de las entidades de crédito para constituir colchones de capital” adicionales “debilitando así la capacidad de resistencia del sector bancario frente a perturbaciones económicas”.
En el informe, el organismo cuestiona además de raíz la tesis de que una subida de tipos se traduce necesariamente en mayores beneficios para la banca. Admite que una subida de tipos (el BCE incrementó las tasas del 0 al 4,5% para combatir la inflación) eleva los ingresos por intereses, pero también perjudica al negocio y las cuentas porque dicho endurecimiento merma el negocio (“suele provocar menores volúmenes de préstamo”, relata), aumenta el coste de financiación para las entidades y exige un refuerzo en las huchas de provisiones frente a un potencial deterioro de los activos o de la morosidad.
“En consecuencia, el efecto neto del endurecimiento de la política monetaria sobre la rentabilidad bancaria podría ser menos positivo, o incluso negativo, en un horizonte temporal a más largo plazo”, señala. Se trata de un entorno donde además aconseja reforzar la solvencia: “Los cambios en la política monetaria tienen efectos sobre los ingresos y la rentabilidad de las entidades de crédito. En este contexto, mantener una posición de capital adecuada ayuda a las entidades de crédito a evitar ajustes bruscos en su concesión de crédito a la economía real”.
